jueves, 17 de diciembre de 2020

San Román interpone requerimiento en Contraloría para hacer respetar decreto que traslada estanques de combustibles

 





Plazo de un año dispuesto por la propia casa consistorial venció el pasado mes de noviembre

San Román interpone requerimiento en Contraloría para hacer respetar decreto que traslada estanques de combustibles

El comunicador social denunció al organismo público el incumplimiento de la disposición municipal por parte del propio alcalde Wilson Díaz.  

Un requerimiento legal dirigido a la Contraloría Regional de Antofagasta presentó el ex alcalde de Tocopilla, Fernando San Román, en orden a que el municipio tome las acciones correspondientes para hacer cumplir el decreto municipal N° 2.106, de fecha 18 de noviembre de 2019. El libelo rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Empresa Nacional de Energía ENEX S.A., en contra del decreto N° 1.734/2019, mediante el cual se dispuso el cierre y traslado de la planta COMAP, ubicada frente a la Playa Las Petroleras.

La acción municipal dispuso el plazo de un año para concretar el traslado de la planta, con dirección en calle Iquique N°s 5.186 – 6.000, venciéndose su plazo de cumplimiento el pasado 18 de noviembre de 2020, sin que hasta la fecha el municipio haya tomado las medidas para hacer cumplir esta la medida.

Industria peligrosa y contaminante

“Estas instalaciones están declaradas como industria peligrosa y contaminante por parte de la seremía de Salud (2005)), y además cuenta con este decreto de traslado cuyo plazo de cumplimiento ya venció, luego de un año desde su emisión. El municipio está en un incumplimiento legal y por eso le estamos pidiendo a la Contraloría que indague y que pueda tomar las medidas pertinentes para hacer cumplir la normativa”, indicó San Román, quien el mes de septiembre presentó una solicitud basada en el artículo 54 de la Ley 19.300 de Bases Generales de Medio Ambiente para requerir al municipio para una acción legal contra quienes resulten responsables, iniciativa que el municipio no concretó.

“El municipio de Antofagasta históricamente no ha tenido una política medioambiental que sea tendiente a proteger a la ciudadanía. Se limitan solamente a cuidar áreas verdes y a recolectar basura para ponerla en los vertederos. El ejemplo de los estanques de combustible es uno más  de una constante falta de trabajo y de apoyo a la ciudadanía y de cuidado a los vecinos”, expresó Gisela Contreras, activista medioambiental que acompañó la interposición de la medida.

El requerimiento a contraloría cita al artículo N°62 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, así como el oficio N° 0349, de fecha 06 de abril de 2018, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que ratificó su resolución Exenta N° 1.140, de fecha 29 de abril de 2005, en la que califica como “Peligrosa y Contaminante” a la planta de almacenamiento de combustibles.

Afloramiento de petróleo

“Cabe señalar que los episodios de afloramiento de hidrocarburos en la playa Las Petroleras, ubicada frente a las instalaciones en cuestión, son recurrentes, siendo constatados por distintas autoridades y organismos públicos. Además, la investigación denominada ‘caracterización hidrogeológica de la zona Playa Las Petroleras’ de la geóloga de la UCN Ximena Salgado, publicada en febrero de 2020, confirmó la presencia de contaminación en el sector”, explicita el documento.

La planta Comap trabaja desde 1931, en una ex zona industrial y actual zona urbana, siendo declarada en 2005 por la Autoridad Sanitaria como “molesta”. El organismo calificó posteriormente a la planta administrada por Shell como “peligrosa y contaminante”. El 25 de agosto de 2006 las empresas Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. y Nacional de Energía Enex S.A (antes Shell) suscribieron un acuerdo con el Gobierno Regional y el municipio para retirar sus estanques en el plazo de 5 años.

La fecha pactada expiraba el 26 de agosto de 2011, razón por la cual la administración municipal de la época exigió públicamente el retiro de los estanques, visando en febrero del 2012 un decreto que estableció la erradicación de las instalaciones.